Se está produciendo una deriva que persigue "el lucro de la enseñanza privada mientras se desmantela la pública".
No aceptamos que haya niños y niñas que pasen hambre en los centros educativos, máxime teniendo en cuenta que ha contribuido a ello que determinados responsables políticos hayan decidido retirar las ayudas a sus familias justo cuando en tan sólo dos años la cifra de pobreza infantil en España ha crecido un 10%, sumando 205.000 menores de 18 años que viven en hogares que están por debajo del umbral de la pobreza a los más de dos millones que ya existían, incremento que es consecuencia del acoso y derribo al que están sometidos los derechos de los ciudadanos españoles. No aceptamos que se eliminen todo tipo de ayudas al alumnado y las familias, se incrementen las cuotas y las tasas, incluso creándolas donde no existían, incumpliendo el mandato constitucional de la gratuidad de la enseñanza y el derecho de acceso en igualdad de condiciones, llegando a ser habitual que los niños no dispongan de los libros de texto y el material curricular necesario para ejercer su derecho a la educación.
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